Consideraciones sobre el timbre español (parte 1/3)

Por la pragmática de Felipe IV, en 15 de diciembre de 1636 nace en España el “Impuesto del Papel sellado”, Pragmática que tuvo una dilatada gestación, pues, con bastante anterioridad, se encuentran referencias en conferencias y discursos de algunos ministros.

La penuria del Estado por las continuas guerras de aquella época obligaron a Felipe IV a ordenar a todos los consejos y ministros que le señalasen los medios para aumentar los ingresos del Estado, y entre los que ofreció el Consejo de Hacienda figura el “Impuesto del Papel sellado”, alegando que ya repetidas veces había tratado sobre él y siempre había merecido el calificativo de útil, y que aunque los derechos que se produjesen no fuesen grandes, a la larga habrían de ser cuantiosos.

En esta Pragmática, las cuatro clases de papel sellado que se crearon eran de precios relativamente módicos. Sello 1º, 272 maravedís; Sello 2º, 68 maravedís; Sello 3º, 34 maravedís y Sello 4º, 10 maravedís. No obstante, en la práctica se comprobó que las clases humildes no podían pagar el importe de los 10 maravedís del Sello 4º. Para subsanar esta medida, por Real Cédula de 31 de enero de 1637, se crean dos nuevos valores: el Sello de Oficio de 2 maravedís y el Sello de Pobres de Solemnidad de 2 maravedís. No hay notificación hasta el año 1707 en que, por Decreto de 5 de agosto, de Felipe V, se elevó al doble el importe de las seis clases de papel sellado, extendiéndose su empleo a las Regiones de Aragón y Valencia y más tarde a Cataluña y Mallorca.

Las referencias de la época ponen de manifiesto la hostil acogida que tuvo este impuesto, pues hubo un serio conflicto con el Nuncio y los Tribunales Eclesiásticos que se negaron a expedir sus documentos en papel sellado. En Evora se produjeron disturbios tan pronto como llegaron los primeros pliegos de papel sellado, así como en Cataluña, circulando panfletos en que al atacar la política del Conde-Duque se aludía al papel sellado.

El público atribuyó la invención del nuevo impuesto al confesor del Conde-Duque; y aunque éste tomó una parte muy activa en su implantación por haber figurado en la Junta que dictaminó su empleo, lo cierto parece ser que el arbitrio fue decidido por don Antonio de Mendoza.

El propio monarca tampoco se vió libre de la crítica popular y como en los pliegos de 1637 se añadía a su nombre el calificativo de “Grande” el pueblo completó el apellido llamándole “Felipe IV el Grande Tributador”. El Conde-Duque, a partir de los timbres del año 1638, suprimió dicho apelativo.

Sin embargo, es cierto que a pesar de este anecdotario de incidentes y disturbios, la posteridad ha hecho justicia a este impuesto considerándolo como uno de los méritos más destacables del Conde-Duque.

La turbulencia que este impuesto produjo en el pueblo español hizo extremar a los gobernantes su cautela en la exigencia del mismo, incluso permitiendo el desuso de algunos de sus preceptos, haciendo de esta forma que en este semiolvido el impuesto fuera tomando carta definitiva de naturaleza dentro del cuadro de impuestos españoles, hasta tal punto que en otros Estados, entre ellos Inglaterra en 1694 y Francia en 1655, considerando su importancia adquirida a través del tiempo, lo imitaron incluyéndolo en su sistema tributario.

En 1796 se refunden todas las disposiciones relativas al Impuesto y se eleva nuevamente al doble el precio de cada clase de papel, considerándose esta Ley de 1796 como la primera Ley del Timbre del Estado.

Artículo extraído del libro “Timbres españoles – Catálogo 1969” de Ángel Allende.

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